La relación entre la provincia de Buenos Aires y sus proveedores volvió a generar tensiones por los atrasos en los pagos, una situación que distintos sectores empresariales describen como cada vez más difícil de sostener. La advertencia más fuerte llegó desde la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), que alertó sobre demoras de entre tres y siete meses en la cancelación de obligaciones.

El problema no se limita a una cuestión contable: impacta de lleno en empresas que abastecen áreas sensibles del Estado, como salud, alimentos, insumos y servicios básicos. En ese esquema, los atrasos empiezan a repercutir en la cadena de pagos, en la reposición de mercadería y en la capacidad operativa de firmas que, en muchos casos, dependen en buena parte de los contratos con la administración pública.

Desde el sector empresario aseguran que, en la práctica, muchas firmas terminan financiando al Estado con capital de trabajo propio. Eso no sólo complica la continuidad de algunas prestaciones, sino que además tensiona la situación financiera de pymes y proveedores regionales, que deben seguir afrontando sueldos, impuestos, logística y compromisos bancarios en un contexto económico ya exigente.

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Frente a ese cuadro, durante los últimos meses la Provincia avanzó con distintos instrumentos para intentar ordenar parte de los atrasos. Uno de ellos fue la emisión de bonos en pesos a tasa variable para cancelar obligaciones no financieras, una herramienta formalizada por el Ministerio de Economía bonaerense y reglamentada también con participación de la Tesorería General. FEMAPE informó en enero que ya estaba habilitada la operatoria para asociados alcanzados por ese esquema.

Sin embargo, entre los proveedores persiste la idea de que esos mecanismos sirven como alivio parcial, pero no terminan de resolver el problema de fondo: la demora estructural en los plazos de cobro. La propia Tesorería bonaerense había destacado en informes previos mejoras en los tiempos de pago respecto de años anteriores, aunque hoy el escenario vuelve a mostrar tensiones por la disponibilidad financiera y la presión sobre las cuentas públicas.

Con ese telón de fondo, la preocupación crece sobre todo en áreas donde una interrupción del abastecimiento tendría impacto directo sobre la gestión cotidiana. Más allá de los parches financieros, en el sector privado advierten que el desafío pasa por recuperar previsibilidad: si los pagos no logran estabilizarse, el vínculo entre el Estado y quienes le proveen bienes y servicios seguirá bajo presión.