A través de la conferencia de prensa que brinda el Gobierno bonaerense, la pelea entre la Provincia y la Nación por el manejo de las rutas sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando el ministro Gabriel Katopodis confirmó que AUBASA buscará competir en el proceso de concesión de corredores nacionales. La jugada no solo mete a la empresa bonaerense en una licitación clave, sino que también abre una disputa política de fondo sobre quién administra, mantiene y cobra peajes en trazas estratégicas para el distrito.

En Gobernación, el ministro de Infraestructura sostuvo que la Provincia pidió formalmente la intervención de defensorías del pueblo como veedores del proceso licitatorio. Según planteó, el objetivo es garantizar “plena transparencia” en una compulsa que, desde La Plata, observan con desconfianza por cambios introducidos en la recta final y por criterios que, según denuncian, podrían alterar las condiciones de competencia.

Katopodis apuntó especialmente contra las modificaciones de último momento en los pliegos y dejó flotando sospechas sobre la orientación del proceso. “Venimos observando con mucha atención” lo que ocurre, advirtió, al remarcar que hubo cambios relevantes sobre la marcha. En la mirada bonaerense, no se trata solo de un expediente técnico: el trasfondo es si el sistema vial seguirá bajo una lógica recaudatoria o si puede quedar atado a un esquema de reinversión en infraestructura.

Por indicación de @Kicillofok, AUBASA se presentó oportunamente en la licitación pública para la concesión de los tramos Sur - Atlántico - Acceso Sur que incluye la RN 3, 205, 226 y autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas de la Provincia de Buenos Aires.

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En ese punto, el funcionario buscó diferenciar el modelo de AUBASA del que atribuye al Gobierno nacional. Defendió a la empresa como una estructura “superavitaria” y sostuvo que su funcionamiento permite reinvertir recursos en obras, mantenimiento y seguridad vial. La Provincia intenta así instalar que tiene capacidad operativa para hacerse cargo de corredores hoy deteriorados, en medio de críticas al abandono de la infraestructura nacional.

La ofensiva bonaerense se apoya además en un argumento político que Kicillof viene repitiendo desde hace meses: que los bonaerenses pagan por rutas que después no reciben el mantenimiento correspondiente. Katopodis fue en esa línea y advirtió que la Nación dejó en “cero” el financiamiento de la obra pública, al tiempo que cuestionó qué se hizo con fondos vinculados al sistema de peajes y a la infraestructura vial.

En paralelo, durante la conferencia también dejó ver que el tema rutas quedó integrado a una ofensiva política más amplia del oficialismo bonaerense. El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco aprovechó el encuentro para reforzar críticas a la Casa Rosada, mientras que Juan Cuattromo describió un escenario de retracción del consumo y mayor presión sobre familias y pymes. En ese marco, la discusión por los corredores aparece como otra pieza del choque entre Provincia y Nación.

El movimiento de AUBASA también tiene lectura territorial y económica. Para la administración provincial, el estado de las rutas no impacta solo en la circulación diaria, sino también en la logística, el turismo, la producción y la seguridad. Por eso, detrás de la decisión de competir por concesiones no hay únicamente una discusión empresarial: también hay una apuesta a disputar control político sobre infraestructura clave en el principal distrito del país.

Con ese telón de fondo, Katopodis dejó instalada una advertencia y una señal. La advertencia apunta a las condiciones en las que se resolverá la licitación; la señal, a que la Provincia no piensa correrse de una discusión que considera estratégica. Si AUBASA finalmente entra en carrera por esos corredores, la pelea por las rutas ya no será solo un reclamo por abandono: pasará a ser una disputa abierta por caja, gestión y poder.