El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que lidera Axel Kicillof, anunció que transfirió, el pasado viernes 10 de abril, la suma de $13.010 millones a los 135 municipios bonaerenses, contemplados en el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.

El monto fue transferido a los municipios bonaerenses de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD). la fórmula que pondera variables como población, capacidad tributaria y necesidades básicas. En este esquema, los distritos más grandes vuelven a concentrar la mayor porción de la masa transferida.

Se trata de recursos no reintegrables y de libre disponibilidad, asociados a la primera colocación de bonos llevada a cabo por la Provincia en el mercado local en el marco de la Ley N° 15.561.

En la cima del reparto aparece La Matanza, que recibió $856,46 millones, el monto más alto de toda la provincia. Le siguen La Plata con $412,39 millones y Malvinas Argentinas con $412,78 millones. También figuran entre los principales beneficiarios Lomas de Zamora ($396,61 millones) y Merlo ($385,17 millones).

En el otro extremo, los municipios de menor escala demográfica y económica reciben partidas considerablemente más bajas. Tordillo encabeza este grupo con apenas $8,23 millones, seguido por General Guido ($12,12 millones) y Lezama ($15,12 millones).

La lógica del CUD explica estas diferencias: al priorizar indicadores estructurales, el sistema tiende a reproducir la escala de cada distrito. Sin embargo, intendentes de municipios chicos suelen cuestionar que el esquema no contempla con suficiente peso las rigideces de sus presupuestos ni las dificultades para generar recursos propios.

Los fondos transferidos provienen de la primera colocación de bonos realizada por la Provincia en el mercado local, en el marco de la ley vigente. Este punto no es menor: implica que parte del financiamiento subnacional se apoya en endeudamiento, trasladando hacia adelante el costo fiscal de estas transferencias.

En términos políticos, el carácter de “libre disponibilidad” de los recursos refuerza la autonomía municipal, pero también abre la discusión sobre los mecanismos de control y el destino efectivo de los fondos. Sin condicionamientos específicos, cada intendente define prioridades, desde obra pública hasta gasto corriente.

Así, la distribución vuelve a poner en evidencia una tensión clásica del esquema bonaerense: la necesidad de asistir financieramente a todos los municipios sin alterar —o incluso profundizando— las desigualdades estructurales entre el conurbano y el interior.

En definitiva, con este desembolso vuelve a reflotar el debate sobre la lógica a la hora de repartir los fondos, dado las cantidades dispares para cada distrito.