El escándalo conocido como “AdorniGate” impacta de lleno en el Gobierno nacional, en medio de denuncias de corrupción que involucran al entorno de Manuel Adorni. El tema, que tomó fuerza en los últimos días, ya afecta la credibilidad de la gestión de Javier Milei y genera una fuerte demanda social de respuestas claras y medidas concretas.

Lejos de descomprimir la situación, el Presidente optó por mostrarse junto a Adorni en una reunión sin foto oficial y anunció evaluaciones internas al Gabinete. La decisión fue leída como un respaldo político en un momento delicado, aunque sin aportar definiciones públicas sobre las acusaciones que siguen creciendo.

En paralelo, un relevamiento de la consultora Zuban Córdoba y Asociados revela un deterioro sostenido en la opinión pública. El estudio, realizado entre fines de marzo y comienzos de abril, muestra cómo el caso perforó el núcleo de confianza del oficialismo y agravó el escenario político.

Los datos reflejan un desplome marcado en la imagen de Adorni, que alcanzó un 66% de valoración negativa, mientras que su imagen positiva cayó a poco más del 20%. Este cambio abrupto evidencia el costo político del escándalo y la dificultad del funcionario para sostener su rol dentro del esquema oficial.

La presión social también se expresa en el reclamo de medidas concretas. Más del 70% de los encuestados considera que Adorni debería renunciar, mientras que una amplia mayoría exige explicaciones sobre el financiamiento de sus viajes, poniendo en duda la estrategia de silencio adoptada hasta ahora.

El informe además advierte que gran parte de la sociedad percibe las respuestas oficiales como maniobras dilatorias. En este contexto, crecen las recomendaciones de mayor transparencia o incluso de un apartamiento preventivo, mientras el Gobierno enfrenta un costo político que amenaza con profundizarse en el corto plazo.