La pelea por los fondos entre la provincia de Buenos Aires y la Casa Rosada llegó a la Legislatura. El presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, presentó un proyecto para que toda deuda que la Nación mantenga con la Provincia pase a integrar automáticamente la masa coparticipable que luego se distribuye entre los municipios.

La iniciativa apareció después de que Axel Kicillof les anticipara a intendentes bonaerenses que una parte de los recursos reclamados a la gestión de Javier Milei podría terminar en las arcas comunales. En ese esquema, el radicalismo buscó darle un respaldo legal a una discusión que ya empezó a meterse de lleno en el tablero fiscal y político de la provincia.

En términos técnicos, la propuesta apunta a modificar la Ley 10.559, que regula el régimen de coparticipación municipal bonaerense. Esa norma establece actualmente que los municipios reciben el 16,14% de determinados ingresos provinciales, por lo que el proyecto de Garciarena busca ampliar la base de recursos alcanzados sin tocar el mecanismo de reparto vigente.

El punto de fondo es que, si esos fondos finalmente ingresan al Tesoro bonaerense, los distritos puedan participar de esa distribución sin depender de una decisión política posterior. En la práctica, la jugada busca dejar establecido por ley que cualquier acreencia recuperada por la Provincia, sin importar su origen, tenga también impacto directo sobre las cuentas municipales.

La discusión no ocurre en el vacío. En las últimas semanas, el gobierno bonaerense profundizó su estrategia judicial contra la Nación por distintos recortes y transferencias no giradas. Entre esos reclamos aparecen partidas vinculadas al Fondo de Fortalecimiento Fiscal, deudas previsionales, convenios y recursos contemplados en acuerdos fiscales que hoy forman parte del litigio abierto entre ambas administraciones.

Ese escenario explica por qué los intendentes miran con atención el tema. En un contexto de fuerte presión sobre las finanzas locales, cualquier ingreso extraordinario puede transformarse en oxígeno para sostener obras, servicios y asistencia social. Por eso, más allá del color político, en varios municipios ya siguen de cerca cómo avanzará la discusión en la Legislatura y en la Justicia.

Con ese telón de fondo, el proyecto del abadismo suma una nueva pieza a la pulseada por los recursos en Buenos Aires. La iniciativa todavía deberá recorrer el camino legislativo, pero ya deja planteado un debate que excede a la coyuntura: cómo se reparten, quién administra y qué destino tendrán los fondos que la Provincia busca recuperar de la Nación.