La decisión del Gobierno nacional de avanzar con cambios en el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa volvió a abrir un fuerte debate en el ámbito político y productivo. En ese marco, la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza cuestionó la medida impulsada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y advirtió sobre posibles riesgos para el estatus sanitario argentino.

La legisladora, que forma parte del bloque de la UCR + Cambio Federal - Coalición Cívica en la Cámara Baja provincial, apuntó directamente contra la desregulación del sistema, al considerar que se trata de una modificación “sin respaldo técnico suficiente” y sin el debido consenso con los actores del sector agropecuario. En su planteo, remarcó que la Argentina cuenta con un esquema sanitario reconocido a nivel internacional y que cualquier cambio debería ser cuidadosamente evaluado.

El eje de la polémica se vincula con la Resolución 711/2025 del SENASA, que redefine la estrategia de vacunación a partir de 2026. Entre los principales cambios, se establece que en la segunda campaña anual dejarán de vacunarse categorías como vaquillonas, novillos y novillitos, concentrando la inmunización en animales más jóvenes.

Además, el nuevo esquema contempla que los establecimientos de engorde a corral queden exceptuados de la primera campaña, lo que implica una reducción significativa en la cantidad de dosis aplicadas. En total, el Gobierno estima que la medida permitirá ahorrar alrededor de 25 millones de dólares anuales al sector ganadero.

Desde el Ejecutivo nacional defienden la iniciativa como parte de un proceso de simplificación y reducción de costos. Argumentan que los animales que dejarán de vacunarse ya cuentan con inmunidad suficiente, por lo que la modificación no comprometería la sanidad ni el estatus internacional del país como libre de aftosa con vacunación.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Distintas entidades rurales alertaron que los cambios podrían generar dificultades en los controles sanitarios y afectar la trazabilidad del sistema. También advirtieron que una flexibilización mal implementada podría impactar en los mercados internacionales, donde la sanidad animal es un requisito clave para la exportación de carne.

En este contexto, Vaccarezza se sumó a los cuestionamientos y puso el foco en la necesidad de sostener políticas preventivas. La diputada insistió en que la fiebre aftosa es una enfermedad que requiere control permanente y coordinación entre el Estado y el sector privado, y alertó que modificar las reglas sin planificación podría generar consecuencias económicas y productivas a largo plazo.