El debate por las tasas municipales en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo episodio, y es que un grupo de 50 productores del municipio bonaerense de Necochea se organizaron y presentaron un amparo judicial, con el objetivo de que el municipio responda a interrogantes como el uso de la recaudación.

La decisión no apunta, por ahora, a tumbar el tributo ni a discutir su validez, sino a forzar la apertura de datos que, según denuncian, no llegaron por la vía administrativa.

Ese giro en la estrategia no apareció por casualidad. El abogado Pablo Abdón Torres Barthe, que representa a los productores, explicó que el reclamo en Necochea se apoya en un camino que ya se viene usando en otros distritos bonaerenses y que, según afirma, mostró mejores resultados que la discusión directa sobre el monto de la tasa.

“Nos dimos cuenta que uno si cuestiona la tasa es muy difícil ganar y que los jueces te fallen a favor porque nadie quiere desfinanciar un municipio, es un tema muy delicado”, señaló.

Sobre esa base, el planteo cambió de eje y se corrió hacia el terreno de la transparencia. Torres Barthe sostuvo que eligieron “una herramienta republicana de democracia directa que es el pedido de acceso a la información pública”, con el objetivo de reclamar documentos y números concretos.

La pretensión, según detalló, es bien puntual: “Lo que hacemos es pedirle a la municipalidad que nos muestre cuánto recauda por la tasa de caminos rurales, cuánto y en qué la gasta”.

La ruta judicial arranca, en estos casos, con una presentación administrativa previa. El letrado recordó que la ley bonaerense prevé que, si pasan 30 días sin respuesta oficial, queda habilitada la posibilidad de acudir a la Justicia mediante amparo. Eso es lo que, según los productores, ocurrió en Necochea. “Ya pasaron los 30 días que tenían para responder en el municipio, no lo hicieron, así que ahora presentamos el amparo”, afirmó.

El reclamo local se monta, además, sobre antecedentes que el sector considera alentadores.

Torres Barthe mencionó que ya hubo resultados favorables en otros puntos de la provincia y que Necochea se suma a una secuencia que incluyó a Henderson, Baradero, Azul y General Alvarado, entre otros municipios. Según dijo, en dos de esos casos la vía elegida ya arrojó decisiones judiciales concretas.

“En Henderson ya tenemos sentencia firme. En Baradero ya ganamos en primera instancia, estamos en segunda instancia”, precisó.

Detrás de ese movimiento no hay solo una discusión abstracta sobre el derecho a pedir papeles. Los productores sostienen que el cuadro local combina tasas altas, falta de información clara y una red vial que, en la práctica, sigue sin responder a las necesidades del sector.

Gustavo Redolatti, productor de Necochea, describió un panorama de caminos deteriorados, con escasa maquinaria operativa y una prestación muy por debajo de lo que, según entiende, debería acompañar el nivel de recaudación.

Redolatti puso números sobre ese malestar. Explicó que en el partido hay 1400 kilómetros de caminos, de los cuales unos 400 son provinciales, y aseguró que el problema se extiende sobre toda la red rural.

“Todos los caminos rurales están en mal estado porque no llegan con las máquinas. El problema también está vinculado al equipamiento. En este momento tienen cuatro o cinco máquinas estables, normalmente llegaban a nueve o diez en un momento pero siempre tienen roturas y son máquinas muy viejas”, describió.

El costo mensual de la tasa es otro de los puntos que más tensión genera en la zona. Redolatti señaló que hoy ronda los $1500 por hectárea por mes, es decir unos $18.000 por hectárea por año, y agregó que una parte de ese cobro se deriva a otros destinos, ya que un 20% va a salud.

Esa combinación entre presión económica y falta de resultados visibles es, justamente, la que alimenta el paso a Tribunales. En su definición más dura, el productor resumió cómo se percibe ese esquema entre muchos vecinos del sector: “En Necochea a las tasas viales la llamamos ‘pozo negro’ porque no se sabe adónde va la plata que recaudan”.

El contraste con municipios vecinos aparece como otro argumento fuerte dentro del reclamo. Redolatti sostuvo que en partidos como San Cayetano, Tandil, Juárez, Lobería y Tres Arroyos se pagan valores más bajos y, aun así, los caminos muestran un estado mejor o, en algunos casos, muy superior.

Según relató, cada distrito resolvió el manejo vial con modelos distintos, desde administración directa municipal hasta comisiones vecinales, cooperativas o entes descentralizados, pero con un punto en común: un funcionamiento que, a su criterio, da respuestas más eficaces que el esquema de Necochea.

En paralelo, el expediente también busca algo más que una rendición genérica. Entre los documentos que quieren ver figuran la matriz de costos con la que se determina la tasa y los fondos que eventualmente llegan desde Provincia o Nación para el sistema vial rural.

La lógica del planteo apunta a construir prueba oficial antes de abrir otro frente. Torres Barthe lo dejó planteado sin rodeos cuando explicó que, si los números muestran un desfasaje importante entre recaudación y gasto, ese material podría habilitar una segunda etapa con reclamos patrimoniales e incluso derivaciones penales.

En este sentido, el abogado que representa a los productores de Necochea puntualizó que en el caso de que se haya “cobrado $500 millones de más, el municipio deberá devolver ese importe de más que cobró o lo deberá meter en los caminos rurales”.