Axel Kicillof, gobernador bonaerense y exvice ministro de Economía nacional, salió este lunes a disputar el protagonismo del fallo judicial por YPF y aprovechó la conferencia de prensa semanal en La Plata para abrir un nuevo frente con Javier Milei. El gobernador cuestionó con dureza la lectura del Presidente sobre el caso y advirtió que, detrás del discurso libertario, sigue latente una lógica de privatización que remite a los años noventa.

En el marco de la conferencia semanal, el mandatario bonaerense estuvo acompañado por funcionarios de su gabinete, entre ellos Carlos Bianco (Gobierno) y Gabriel Katopodis, el mandatario bonaerense pidió “prudencia” frente al escenario judicial abierto en Estados Unidos y remarcó que el litigio todavía no está cerrado.

En ese marco, Kicillof consideró “riesgoso” que Milei valide la posición de quienes, según su lectura, nunca aceptaron la estatización de la petrolera en 2012. El mensaje no fue solo jurídico: también fue económico y político. Kicillof defendió la nacionalización de YPF como una decisión estratégica para recuperar soberanía energética y sostuvo que la privatización previa había dejado al país con caída en la producción, menor exploración y una fuerte dependencia externa.

Desde esa lógica, buscó reinstalar una idea que atraviesa toda su narrativa: sin control estatal, la energía queda atada a la rentabilidad empresaria y no a las necesidades del país. En esa línea, el gobernador apuntó también al impacto directo en el bolsillo. Al mencionar que el litro de nafta ronda los 2.000 pesos, vinculó el precio de los combustibles con el rumbo económico del Gobierno nacional y planteó que YPF debería funcionar como una herramienta para amortiguar esas subas.

En tanto, el planteo buscó correr la discusión del expediente judicial y llevarla al terreno más sensible para la Casa Rosada: el costo de vida. La defensa de Kicillof se apoyó, además, en una lectura de resultados. En las últimas semanas, YPF informó un EBITDA ajustado de 5.000 millones de dólares en 2025, el mejor desempeño de la última década, con fuerte impulso de Vaca Muerta. La petrolera también anunció una inversión récord de 6.000 millones de dólares para 2026, con foco en shale y expansión productiva, datos que el oficialismo usa para mostrar que la empresa no solo es estratégica, sino también rentable.

En ese marco, ese telón de fondo le permitió al gobernador reforzar una idea central: la recuperación de YPF no fue apenas una bandera ideológica, sino una decisión que, con el paso del tiempo, terminó ordenando parte del tablero energético argentino. Hoy, buena parte del crecimiento del petróleo y el gas no convencional se explica por la expansión de la compañía en Vaca Muerta, donde consolidó récords de producción y una posición dominante dentro del sector.

Sin embargo, el caso judicial sigue siendo un terreno sensible. La disputa se originó por la forma en que se ejecutó la expropiación del 51% de la empresa en 2012, cuando el Estado nacional avanzó sobre el control accionario sin extender una oferta al resto de los accionistas privados. Esa interpretación fue la base del reclamo del fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del grupo Petersen y empujó una demanda multimillonaria en Nueva York.

En los últimos días, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtió la sentencia que había condenado a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares, un giro que en el peronismo leyeron como una reivindicación política y jurídica de la estrategia aplicada en 2012. Aunque la discusión de fondo no desapareció, el fallo cambió el clima y le dio a Kicillof una oportunidad para volver a plantarse como uno de los principales defensores de aquella estatización.

La escena también tiene una dimensión de interna nacional. Mientras Milei busca consolidar un programa económico basado en desregulación, ajuste y apertura, Kicillof intenta reconstruir un relato opositor donde YPF vuelve a ocupar un lugar simbólico potente. En esa disputa, el gobernador busca contrastar dos modelos: uno que concibe a la energía como activo estratégico del Estado y otro que la mira, sobre todo, como un negocio de mercado.

Así, la conferencia de este lunes no fue apenas una respuesta al fallo. Fue, también, una jugada política de volumen en un contexto donde Kicillof busca nacionalizar su perfil y marcar diferencias nítidas con la Casa Rosada. Con YPF como bandera, el gobernador volvió a meterse en una discusión que mezcla historia, economía, soberanía y poder, y que en la Argentina nunca termina de apagarse.