El reciente acuerdo salarial alcanzado entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes volvió a poner en agenda la situación financiera de los colegios privados. Tras la aceptación de un incremento del 9% en tres tramos para los trabajadores de la educación, representantes del sector educativo privado solicitaron autorización oficial para actualizar las cuotas que pagan las familias, con el objetivo de afrontar el impacto de los nuevos costos salariales.

El pedido fue planteado por entidades que agrupan a instituciones educativas privadas, que explican que el aumento en los sueldos docentes debe ser acompañado por una actualización en los aranceles para evitar desequilibrios en las cuentas de los establecimientos. Desde el sector aseguran que no cuestionan la mejora salarial, pero advierten que sin una recomposición en las cuotas se vuelve difícil sostener el funcionamiento de las escuelas.

En ese marco, el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA), Martín Zurita, señaló que las instituciones necesitan previsibilidad para afrontar sus obligaciones. “Las escuelas tienen que pagar los aumentos salariales, pero si no se autorizan ajustes en las cuotas se genera un problema financiero muy grande”, sostuvo el dirigente al referirse a la situación que atraviesa el sistema educativo privado bonaerense.

En la provincia de Buenos Aires funcionan más de 4.000 establecimientos educativos privados con algún tipo de aporte estatal. Muchos de ellos reciben subsidios que cubren entre el 40% y el 80% de los salarios docentes, mientras que el resto de los gastos operativos, como mantenimiento, servicios y parte del personal, debe ser cubierto por cada institución a través de los aranceles que pagan las familias.

Debido a ese esquema de financiamiento, los aumentos en las cuotas deben ser previamente autorizados por el gobierno provincial. Según datos del sector, alrededor del 70% de los colegios privados bonaerenses recibe aportes estatales, lo que implica que cualquier actualización en los aranceles está sujeta a la aprobación de las autoridades educativas.

Desde las entidades educativas también advirtieron que el sistema atraviesa dificultades acumuladas desde los últimos años. Entre los factores mencionados aparecen la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula en algunos distritos, el aumento de los costos operativos y el atraso en los valores de las cuotas. En ese contexto, aseguran que varias instituciones arrastran deudas o recurren a créditos para afrontar su funcionamiento, mientras reclaman una actualización que les permita sostener la actividad.