La administración provincial metió mano en uno de los temas más sensibles para miles de familias bonaerenses: el pago de las viviendas sociales. A través de una resolución conjunta del Ministerio de Hábitat y del Instituto de la Vivienda, el Gobierno de Axel Kicillof redefinió el esquema con el que se calculan y actualizan las cuotas de los adjudicatarios, y al mismo tiempo abrió una ventana para regularizar deudas acumuladas.

La decisión quedó formalizada en la Resolución Conjunta N° 1 y apunta a reordenar un sistema que, según el propio diagnóstico oficial, había generado fuertes diferencias entre familias que accedieron a soluciones habitacionales similares, pero terminaban pagando montos muy distintos. Desde La Plata sostienen que el nuevo régimen busca corregir esas asimetrías y darle mayor previsibilidad al recupero de fondos públicos.

En los hechos, lo que cambia es el corazón del esquema de pago. La Provincia intenta equilibrar tres variables que hoy chocan entre sí: la inversión estatal realizada para construir viviendas, la capacidad real de pago de las familias y la necesidad de que el sistema siga generando recursos para financiar nuevas casas. En plena crisis de ingresos, el punto más delicado pasa por evitar cuotas que se vuelvan impagables.

El nuevo marco también se apoya en un instrumento que ya venía siendo utilizado en política habitacional: la UVI, la Unidad de Vivienda creada por la Ley 27.271. Se trata de una unidad de valor que se actualiza diariamente y cuyo precio publica el Banco Central, con una lógica atada a la evolución del costo de construcción. Al 30 de marzo, el valor de la UVI superaba los $1.336.

Hasta ahora, una parte del sistema bonaerense venía funcionando con el llamado coeficiente “Hogar BA”, que había sido implementado para actualizar capitales pendientes. Pero con el correr de los programas y entregas, en la Provincia detectaron distorsiones entre distintos planes y momentos de adjudicación. El nuevo régimen viene justamente a reemplazar esa lógica y a unificar criterios en una estructura más homogénea.

Uno de los puntos con mayor impacto político y social es la creación del “Plan de Saneamiento y Consolidación de Deuda – Período Hogar BA”. La herramienta está pensada para adjudicatarios que arrastran cuotas impagas y busca ordenar una mora que, en el actual contexto económico, amenaza con crecer. La apuesta oficial es evitar que el atraso se convierta en una bola imposible de remontar para los hogares más golpeados.

La resolución, además, deja abierta la puerta para situaciones excepcionales. La normativa contempla evaluaciones especiales en casos de vulnerabilidad, como hogares sin capacidad de pago suficiente, personas con discapacidad que requieren asistencia permanente o situaciones atravesadas por violencia de género y diversidad. Es decir, no se trata sólo de una cuenta financiera, sino también de una política con criterio social.

Con este movimiento, el Gobierno bonaerense busca mostrar dos cosas al mismo tiempo: que intenta sostener el acceso a la vivienda en medio del ajuste y que necesita cuidar la caja de un sistema que pretende seguir construyendo soluciones habitacionales. En un escenario donde el bolsillo aprieta y la casa propia sigue siendo una deuda estructural, la letra chica de estas cuotas puede pasar a ser un tema central para miles de familias.