Con la mira puesta en abril, el Gobierno nacional volvió a activar la rosca con gobernadores y bloques dialoguistas para abrirle camino a la reforma electoral que Javier Milei quiere enviar al Congreso. Tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada, el oficialismo dejó en claro que uno de los ejes de la etapa que viene será ordenar apoyos para discutir cambios en las reglas de competencia, con el ministro del Interior, Diego Santilli, otra vez en el centro de las negociaciones.

La hoja de ruta todavía no está cerrada del todo, pero en el entorno libertario reconocen que el paquete incluiría al menos tres capítulos sensibles: el futuro de las PASO, el financiamiento de los partidos y posibles ajustes en el sistema de votación. En esa discusión, la Casa Rosada busca evitar un nuevo choque prematuro con la oposición y sumar avales provinciales antes de que el texto llegue formalmente al Parlamento argentino.

Santilli retomará así un esquema que ya usó en otras negociaciones legislativas: reuniones en Balcarce 50, viajes al Interior del país y conversaciones bilaterales con mandatarios que tienen peso propio en el Congreso. No es un dato menor: desde que asumió como ministro del Interior en noviembre de 2025, quedó a cargo de la relación política con las provincias y tuvo un papel clave en la búsqueda de mayorías para los proyectos del Ejecutivo.

En paralelo, los gobernadores llegan a esa mesa con reclamos concretos que exceden la reforma política. Entre los temas que quieren destrabar aparecen la refinanciación de deudas cruzadas entre Nación y provincias, además de las transferencias por cajas jubilatorias que varias jurisdicciones siguen reclamando. Esa negociación cruzada explica por qué el oficialismo intenta mezclar agenda electoral con respuestas de gestión para acercar posiciones.

El punto más espinoso vuelve a ser el de las PASO. Después de haber conseguido apenas una suspensión temporal, en el oficialismo no descartan insistir con una eliminación definitiva o con una reformulación más profunda del sistema, algo que ya empezó a generar reparos en sectores del PRO y de la UCR. La advertencia opositora es clara: sin un mecanismo alternativo que preserve la competencia interna, tocar las primarias podría leerse como un retroceso institucional.

En ese marco, en la Casa Rosada busca llegar a abril con algo más que un proyecto redactado: necesita una red de consensos mínimos para evitar que la reforma nazca empantanada. Por eso, el regreso de Santilli a las tratativas con los gobernadores no es apenas un movimiento administrativo, sino una señal política de que el Gobierno quiere volver a probar su método de acuerdos caso por caso para avanzar con una agenda que ya empezó a jugar en clave 2027.