La decisión de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) de habilitar el pago del Impuesto Automotor en diez cuotas mensuales reavivó el debate sobre la presión fiscal en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, el titular del ente recaudador, Cristian Girard, salió al cruce de los planteos de la oposición que impulsan la eliminación total del tributo y defendió el rol del Estado en el financiamiento de políticas públicas.

La mensualización de la patente, que hasta ahora se abonaba en cinco tramos, fue presentada por ARBA como una herramienta para facilitar el cumplimiento y dar mayor previsibilidad a los contribuyentes. Según explicó Girard en distintas entrevistas radiales, la medida fue posible tras superar limitaciones tecnológicas y apunta a que cada automovilista pueda elegir cómo organizar sus pagos a lo largo del año.

Sin embargo, el debate escaló cuando desde sectores libertarios propusieron eliminar directamente el Impuesto Automotor. Uno de los dirigentes que más insistió con esa postura fue el diputado de La Libertad Avanza (LLA) y hermano de Manuel, Francisco Adorni, quien planteó que se trata de una carga excesiva para los contribuyentes. Frente a ello, Girard fue tajante: sostuvo que “queda bien para la tribuna” hablar de bajar impuestos sin explicar cómo se reemplazarían esos recursos.

El funcionario remarcó que la discusión de fondo no es solo tributaria, sino estructural: los ingresos provinciales financian educación pública, salud, seguridad e infraestructura vial. En ese sentido, advirtió que eliminar un impuesto sin proponer una fuente alternativa de financiamiento implica resignar servicios esenciales o deteriorar prestaciones básicas como el mantenimiento de rutas y calles.

Además, Girard planteó que el debate válido debería centrarse en cómo distribuir la carga tributaria de manera más equitativa, analizando qué sectores o actividades pueden aportar más y cuáles necesitan alivio. Desde esa óptica, consideró que el sistema puede mejorarse, pero no desfinanciarse sin consecuencias directas en la calidad de vida de la población.

La polémica se inscribe en un escenario más amplio de tensión entre modelos de gestión: mientras algunos sectores impulsan una reducción drástica del Estado, desde la administración bonaerense sostienen que la recaudación es clave para sostener políticas públicas. Así, el cruce por la patente se convirtió en un nuevo capítulo del debate político y económico que atraviesa a la Provincia.

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