Un grupo de exoficiales de la Policía bonaerense y familiares de agentes en actividad protagonizó el lunes una protesta frente a la Comisaría 1ª de Mar del Plata, en reclamo de aumentos salariales y mejoras en la cobertura de la obra social provincial IOMA. El reclamo, que se organizó sin convocatorias oficiales de gremios, ya que la fuerza tiene prohibido por ley sindicalizarse, derivó en tensión con las autoridades locales.

Los manifestantes entregaron un petitorio al Ministerio de Seguridad bonaerense, encabezado por Javier Alonso, exigiendo un aumento salarial del 80% para todo el personal, sin distinción de jerarquía, y una actualización del valor de las horas adicionales y beneficios como CORES y POLAD. Entre sus planteos, también pidieron una mejora sustancial en la cobertura médica que brinda IOMA, especialmente en Mar del Plata, donde denuncian que la red de prestadores se redujo considerablemente.

Durante el desarrollo de la protesta, uno de los momentos más notables fue la agresión física al jefe de la Jefatura Departamental local, el comisario mayor Cristian Fontana, quien se acercó a dialogar con los manifestantes. Un hombre con una bandera argentina lo golpeó en el rostro, aunque no se registraron detenciones inmediatas y las autoridades indicaron que trabajarán para identificar al agresor.

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Desde la organización de los exoficiales, el comisario general retirado Marcelo Di Pasqua criticó duramente las condiciones laborales y la falta de cobertura médica, asegurando que muchos efectivos “no superan el salario de la canasta básica” y que tanto activos como retirados están “prácticamente sin obra social”. Para Di Pasqua, los policías “son rehenes de un sistema” que no asegura condiciones dignas de trabajo ni atención sanitaria.

El conflicto en Provincia de Buenos Aires se produce en un contexto de mayor visibilidad de reclamos salariales de fuerzas de seguridad en otras provincias del país. En Santa Fe, por ejemplo, las protestas de policías y familiares por mejores salarios y condiciones culminaron días atrás con una negociación que llevó al gobernador Maximiliano Pullaro a anunciar aumentos y mejoras en la atención de salud para la fuerza, aunque con tensiones y propuestas en discusión durante varios días.

En paralelo, en Río Negro también se intensificó el malestar entre sectores de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario, que rechazaron una oferta de recomposición salarial del gobierno local y exigieron un salario mínimo básico de 1.800.000 pesos, anunciando acampes por tiempo indeterminado frente a la Casa de Gobierno en Viedma.

El reclamo bonaerense por mejoras salariales y de cobertura se suma a otras protestas sociales y laborales en distintas áreas del país, en un contexto de alta inflación y presión sobre el ingreso de los trabajadores estatales, aunque las fuerzas policiales enfrentan límites legales para sindicalizarse o realizar medidas de fuerza tradicionales. Expertos consultados señalan que esto complica la articulación de reclamos formales y empuja a familiares y retirados a convertirse en voceros de la demanda.

Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad bonaerense no confirmó que exista un reclamo formal de policías en actividad, insistiendo en que la protesta fue protagonizada por retirados y sus allegados, aunque las demandas reflejan un malestar más amplio sobre sueldos, adicionales y servicios de salud que, según los manifestantes, afecta tanto a agentes en servicio como a quienes ya pasaron a retiro.