El Concejal Diego Videla del Frente para la Victoria se refirió hoy al proyecto de Resolución presentado en los últimos días donde repudian declaraciones de la Gobernadora María Eugenia Vidal.- 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

VISTO:

La conferencia de prensa que realizó la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el pasado 15 de marzo, en la que anunció el otorgamiento de un “plus salarial” a los docente que no adhirieran al paro y el descuento de los días para los que sí lo hicieran; y la denuncia elevada al Consejo General de la Matanza de las directoras de la Escuela Primaria Nº 198 y la Escuela Secundaria Nº 55.

 

CONSIDERANDO:

Que la jueza María Ventura Martínez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 4, hizo lugar a una medida cautelar presentada por los gremios docentes y ordenó a la gobernadora de la provincia de Bueno Aires, María Eugenia Vidal, que “se abstenga de llevar adelante todo acto que altere, restrinja, limite o afecte, la libertad de los trabajadores y de sus entidades gremiales en las negociaciones colectivas”.

Que el fallo dispone además que el Ministerio de Trabajo provincial tome las medidas necesarias para garantizar que “las negociaciones colectivas sean llevadas adelante en un marco de buena fe, igualdad y libertad entre las partes”.

Que la medida adoptada por el Gobierno provincial afecta la libertad de los trabajadores y de sus entidades gremiales establecidas en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, y desconoce la Ley Nacional N° 23.551 que regula a las asociaciones sindicales, sus derechos y obligaciones.

Que la decisión anunciada por Vidal, de otorgar un plus salarial a los docentes que rompen la huelga, es también contraria a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) N° 87, de Libertad sindical y protección del derecho de sindicación (que rige desde 1950) y N° 98, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva (vigente desde 1951), y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); todos ellos con rango constitucional en nuestro país desde la reforma de 1994.

Que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires se expuso públicamente como la responsable última de este accionar inconstitucional y por lo tanto, podría estar incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Que los trabajadores de la educación bonaerense vienen llevando a adelante legítimas demandas de aumento salarial y mejores condiciones de infraestructura, laborales y educativas para docentes y alumnos de la provincia de Buenos Aires.

Que como respuesta a las demandas docentes, desde el oficialismo provincial se diseñó una campaña para desacreditar a los educadores y su reclamo, a la vez que se persigue a aquellos que adhieran a convocatorias gremiales.

Que en este marco, tomó público conocimiento el hecho de que en dos escuelas de La Matanza y en una tercera de Benito Juárez, personal policial de la Provincia solicitó nombres y filiación sindical de los docentes que adhirieron al paro de 48 horas convocado por el Frente Gremial Docente. 

Que a raíz de estos hechos las directoras de la Escuela Primaria Nº 198 y la Escuela Secundaria Nº 55 elevaron una denuncia al Consejo General de la Matanza en la que manifestaron que “La Bonaerense se presentó para hacer preguntas inapropiadas por el no dictado de clases y las características del paro”, hecho que tomaron “como una medida de amedrentamiento y amenazas”.

Que asimismo el Consejo General de La Matanza, junto con ATE y la CTA, presentarán una denuncia contra las jefaturas de los distritos involucrados por autorizar el ingreso a las escuelas de funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Trabajo provinciales, afirmando que fueron para “controlar, intimidar y pedir el listado de los docentes ausentes”.

Que las fuerzas de seguridad están para prevenir delitos y no para amedrentar a los trabajadores, excediendo su responsabilidad y el marco legal con prácticas propias de la dictadura que recuerdan a los años más oscuros de la historia de nuestro país.

Que la situación se torna aún más grave en tanto no se trata de un hecho aislado, sino de una serie de ataques que lleva adelante el gobierno de Cambiemos contra la educación pública.

Que en el marco de estos ataques pueden mencionarse las amenazas que recibió el dirigente gremial de Suteba, Roberto Baradel, con el fin de amedrentar, a través de su persona, a los trabajadores de la educación; la voluntad del ministro Esteban Bullrich de despedir en enero de este año a 3000 trabajadores del Ministerio de Educación de la Nación; la Resolución N° 07 de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que establece la prohibición de realizar asuntos políticos en establecimientos educativos; entre otros embates en la misma dirección.

Que una situación de tamaña gravedad, que atenta contra derechos laborales y educativos, constituye una clara afrenta contra la vida democrática de nuestro país y avasalla la Constitución Nacional.

 

Por lo expuesto, el Bloque Frente para la Victoria – Partido Justicialista propone para su tratamiento y posterior aprobación el siguiente proyecto de:

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º: Expresar enérgicamente su repudio a la extorsión del Ejecutivo Provincial frente al reclamo de los trabajadores de la educación bonaerense; la desacreditación oficial de los docentes y su reclamo; y las prácticas inconstitucionales y  antidemocráticas.

Artículo 2º: Expresar el apoyo a la demanda docente de aumento salarial y mejores condiciones de infraestructura, laborales y educativas, para docentes y alumnos de la provincia de Buenos Aires.

Artículo 3º: Invitar a todos los municipios del país a expresarse en este sentido.

Artículo 4º: De Forma